La Cámara de Diputados se apresta a aprobar antes del 26 de julio la reforma a la Ley de Residuos Sólidos, una pieza que introduce modificaciones sustanciales en el sistema de financiamiento y en la regulación de productos plásticos y derivados.
Entre los cambios más relevantes figura la creación de una contribución especial obligatoria para todas las personas jurídicas, entidades gubernamentales y patrimonios autónomos que reporten ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Los aportes estarán vinculados al nivel de ingresos anuales y se destinarán a un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de residuos y desarrollar un sistema integral de gestión.
El esquema establece que las empresas con ingresos de hasta cinco millones de pesos aportarán RD$3,500, mientras que aquellas con ingresos superiores a 500 millones deberán entregar RD$675,000. Los montos serán liquidados anualmente ante la DGII, con opción de pago semestral, y transferidos a la Tesorería Nacional para su depósito en el fideicomiso creado por la ley.
La normativa dispone que los recursos se utilicen en el financiamiento de alcaldías y distritos municipales, así como en la operación de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización de residuos sólidos urbanos y proyectos integrados, bajo la supervisión del Consejo Directivo del fideicomiso.
En el plano ambiental, la ley establece que solo se permitirá un vertedero por provincia y una procesadora por cada diez regiones en un radio de 70 kilómetros, con excepción de la región Ozama por su densidad poblacional. Además, el foam deberá biodegradarse en un 20 % en el primer año y en un 90 % en cinco años, y se prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos y vasos de poliestireno sin certificación de biodegradabilidad.
Fuente: Hoy
