La decisión del Departamento de Justicia de citar a declarar a cinco periodistas de The New York Times por un reportaje sobre el nuevo avión presidencial donado por Catar ha desatado una ola de críticas de organizaciones de prensa y expertos, que consideran la medida una escalada sin precedentes en la presión del gobierno del presidente Donald Trump contra los medios de comunicación.
Las citaciones, emitidas por el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, buscan obligar a los periodistas a comparecer esta semana ante un gran jurado federal como parte de una investigación sobre la filtración de información clasificada. Algunas fueron entregadas directamente en los domicilios de los reporteros, según informó el periódico.
El reportaje en cuestión reveló, citando fuentes anónimas, que el Servicio Secreto recomendó no utilizar el nuevo Air Force One —un avión regalado por Catar y modernizado por unos 400 millones de dólares— debido a que aún carecía de ciertos sistemas avanzados de seguridad, entre ellos capacidades antimisiles.
- Trump negó posteriormente en redes sociales que existieran preocupaciones de seguridad.
Reacción de organizaciones de prensa
La directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jodie Ginsberg, calificó las citaciones como «una extraordinaria escalada» en los esfuerzos del presidente por intimidar a los medios independientes y advirtió que podrían tener un efecto inhibidor sobre el trabajo periodístico en todo el país.
Frank Sesno, exjefe de la oficina de CNN en la Casa Blanca y profesor de la Universidad George Washington, afirmó que la medida representa un territorio «peligroso e inexplorado», aunque la consideró una continuación de la estrategia de la administración para presionar a los medios críticos.
Según una fuente citada por The New York Times, la decisión de emitir las citaciones fue tomada tras una reunión de unas ocho horas celebrada el viernes en la Casa Blanca entre el director del FBI, Kash Patel, y altos funcionarios del Departamento de Justicia.
Para analistas, el hecho de que la coordinación ocurriera desde la propia Casa Blanca plantea dudas sobre la independencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Defensa del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia sostuvo que los periodistas no son el objetivo de la pesquisa.
«Para ser claros, los reporteros no son los investigados; quienes filtran información clasificada sí lo son«, indicó la institución en un comunicado, en el que aseguró valorar el papel de la prensa, pero defendió la necesidad de proteger los secretos nacionales.
Sin embargo, organizaciones periodísticas rechazaron esa explicación. El Club Nacional de Prensa pidió el retiro inmediato de las citaciones y advirtió que la entrega de órdenes judiciales a periodistas en sus hogares constituye un ataque directo a la libertad de prensa y a las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca también expresó su respaldo a los periodistas de The New York Times y condenó cualquier intento de obligarlos a revelar sus fuentes confidenciales.
Tensión entre Trump y los medios
El caso se suma a una serie de enfrentamientos entre la administración Trump y organizaciones periodísticas durante el segundo mandato del presidente.
En los últimos meses, la Casa Blanca ha impulsado demandas contra medios de comunicación, ha restringido el acceso de periodistas a dependencias gubernamentales y ha mantenido disputas legales con The Associated Press, The Wall Street Journal y el propio The New York Times.
Además, el mes pasado el Departamento de Justicia emitió —y posteriormente retiró— citaciones contra periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal en investigaciones relacionadas con filtraciones de información.
También ordenó el registro de la vivienda de una reportera de The Washington Post, en un operativo que generó preocupación en organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
Ante las nuevas citaciones, el editor ejecutivo de The New York Times, Joseph Kahn, aseguró en un memorando interno que el periódico impugnará la medida en los tribunales y expresó su confianza en que la justicia reafirmará las protecciones legales que amparan el trabajo de los periodistas frente a represalias del poder.
Fuente: Diario Libre
