El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional el combate al terrorismo medioambiental, para proteger los recursos naturales, como cuencas hidrográficas prioritarias, bosques, ríos y demás ecosistemas.
La iniciativa fue adoptada a través del decreto 615-26, con el cual también se ordena a todas las fuerzas armadas, con la participación del Ministerio Público, crear una política nacional para combatir dicho flagelo.
El anuncio se hizo durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader subrayó que se ha decidido «de manera drástica» catalogar como terrorismo todo aquel que afecte un parque nacional.
«Le hemos dado instrucciones a todas las fuerzas armadas y a Migración (y tanto haitianos y dominicanos) van a sufrir la misma pena en caso de que afecten a nuestros parques nacionales. (…) Le enviamos un mensaje fuerte, pero al mismo tiempo que sepan que estamos preparados para ejecutar lo que este decreto dice y apoyarnos también en el nuevo Código Penal. Estamos preparados para ejecutarlo, sea quien sea que vaya a afectar y que afecte nuestros parque nacionales», advirtió Abinader.
De su lado, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, indicó que todos los cuerpos armados acatarán la orden establecida en el citado decreto.
El decreto establece que entenderá por terrorismo medioambiental todo acto doloso, individual, colectivo u organizado, ejecutado por extranjeros o dominicanos, con la finalidad de provocar daños graves a los ecosistemas, recursos naturales o infraestructuras ecológicas estratégicas del país, generando temor colectivo, afectación masiva a la población o presión indebida sobre las autoridades públicas.
En ese orden, apunta a que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), elaborarán una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental, orientada a:
1. La identificación de organizaciones criminales ambientales.
2. La detección de financiamiento ilícito de actividades depredadoras.
3. La protección de cuencas, bosques y áreas protegidas.
4. La prevención de incendios forestales provocados.
5. La protección de infraestructuras de agua potable, saneamiento y energía, incluyendo las redes de distribución eléctrica.
Participación de la ciudadanía
El decreto indica que las instituciones competentes habilitarán plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para reportar actividades que amenacen los recursos naturales estratégicos, garantizando la protección de denunciantes y colaboradores de buena fe.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al igual que el Ministerio de Defensa, presentarán periódicamente al presidente de la República, informes sobre riesgos, amenazas, incidentes y resultados de las acciones implementadas en cumplimiento del presente decreto.
Fuente: Hoy
