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Denuncian a Guillermo Moreno ante la JCE por violaciones electorales

La Junta Central Electoral (JCE) fue apoderada este martes de una denuncia en contra de Guillermo Moreno, candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En la instancia depositada se acusa a Moreno de violar la Ley 20-23 de Régimen Electoral.

Whenshy Wilkerson, secretario general del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), acusó al candidato oficialista de realizar un anuncio publicitando sus aspiraciones desde el Senado de la República, lo que viola el párrafo 1 del artículo 210 de la Ley 20-23.

La denuncia se sometió ante la Secretaría General de la JCE con copia al Pleno de ese órgano electoral y a la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Sanciones Administrativas y Electorales.

“Hemos comparecido por aquí a raíz del video, del spot publicitario que colgó el viernes pasado el candidato a senador por el Distrito Nacional por el PRM, Guillermo Moreno, quien utilizó en este caso el hemiciclo del Senado para desde allí producir entonces una publicidad que está prohibido en virtud del artículo 210 de la ley 2023”

Whenshy Wilkerson
Secretario general del BIS

Otra de los pedimentos es que de le realice una amonestación al candidato Guillermo Moreno para que no se repita la acción por parte de otros candidatos.

“Que en virtud de su facultad de oficio y objetividad se proceda a dictar cualquier medida que permita garantizar los derechos antes descritos y requeridos mediante ésta instancia”, es parte de lo establecido en la denuncia depositada ante la JCE.

Explicó que el reglamento sobre el procedimiento sancionador emitido por la JCE establece sanciones pecuniarias, amonestaciones e incluso la inadmisión de la candidatura, pero que eso ya depende de la JCE.

“En este caso nosotros como parte interesada y afectada estamos solicitando única y exclusivamente sea amonestado, en este caso, el candidato a senador”, expuso Wilkerson.

El párrafo I del artículo 210 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral prohíbe el uso de las instituciones del Estado para la promoción de candidaturas.

“No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular”, establece el párrafo I de la ley 20-23.

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