Como un «holding criminal» definió el Ministerio Público la supuesta estructura montada para desfalcar al Estado dominicano por RD$41,185,964,839.76 durante el gobierno del expresidente Danilo Medina. Esta red habría operado a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y sobornos para la campaña política del 2020.
Liderando esta presunta organización está Donald Guerrero, exministro de Hacienda, seguido por los «brazos ejecutores» José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, junto a otros 31 imputados y 12 empresas. El Ministerio Público ha detallado en una acusación de 3,662 páginas lo que describe como una «mega operación» de lavado de activos y corrupción.
El organismo de persecución señala que los imputados aprovecharon sus conocimientos sobre la administración pública para violar procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de esta organización criminal. Se falsificaron documentos, se acorraló a suplidores, y se falsificaron firmas de funcionarios y empresarios del sector privado.
Un ejemplo clave es el caso del exministro Donald Guerrero, quien presuntamente incluyó de manera fraudulenta a la empresa Intercaribe Mercantil, creada y representada por su hijo Daniel Guerrero Mena, en el Programa de Créditos de Contratistas y Suplidores del Estado, erogando RD$20,904,831,250.65 a favor de esta y otras empresas.
En el expediente también se menciona al empresario José Miguel González, investigado por asociarse con Guerrero para monopolizar el negocio de importación y venta de asfalto, expulsando a Mustafá Abu Naba’a.
Para las expropiaciones de terrenos, el supuesto grupo delictivo formó una «fuerza de tarea del crimen» que incluía a profesionales en ejercicio privado. Estos se encargaban de tramitar procesos judiciales y administrativos para la determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos y avalúo en tiempo récord, utilizando documentos falsos para excluir herederos legítimos.
Además, dentro del Ministerio de Hacienda se creó un esquema denominado «El Proyecto», que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en bancas de lotería, deportivas y colmados con máquinas tragamonedas.
El grupo también formó una coalición de funcionarios para instaurar un esquema de soborno, desviando sumas millonarias a través de acuerdos de reconocimiento de deuda a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Estos acuerdos incluían trabajos adicionales, incluso de obras cerradas, utilizando volumetrías falsas para justificar los pagos.
En total, los pagos relativos a expropiaciones y reconocimientos de deudas alcanzaron los RD$20,281,133,589, según la acusación del Ministerio Público.
La magnitud del fraude ha llevado a más de 190 personas, tanto del sector privado como empresarios criollos y extranjeros, a constituirse como querellantes en este caso, denunciando incluso la falsificación de sus firmas para la elaboración de documentos utilizados en la comisión de actos de corrupción.
Los imputados incluyen a Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel De Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, Yahaira Brito, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver, Ángel Lockward, Aldo Gerbasí, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paola, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Rafael Calderón Martínez, Manuel Miqui, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, Cesar Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil, Princesa Alexandra García Medina, Roberto Moquete y Daniel Guerrero.
