Uno de los imputados en la Operación Camaleón, vinculado a una presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos que habría afectado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), solicitó este martes al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la devolución de un teléfono celular que el Ministerio Público incorporó como evidencia en el proceso judicial o, en su defecto, que el Estado dominicano sea condenado al pago de una indemnización de RD$7 millones.
Se trata de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, a quien el órgano persecutor imputa emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. El acusado fue enviado a juicio el pasado 5 de junio junto al exdirector ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez.
“Él solicita la devolución de un celular, un Samsung S3, que vale como tres mil pesos en el mercado. Él pide la devolución de un equipo que está en la acusación del Ministerio Público y, en caso de que no, que condenen al Estado por siete millones de pesos por la devolución de ese equipo”, manifestó el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, quien representó al Ministerio Público durante la audiencia.
El representante del Ministerio Público explicó que el aparato forma parte de las evidencias de las extracciones que se hicieron en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), destacando que es una prueba importante en el proceso.
De igual forma, el fiscal comunicó que la jueza Patricia Padilla se reservó el fallo sobre dicha petición para el próximo 23 de julio.
Otros imputados
Además, de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, en el proceso judicial se imputa a Hugo Beras, exdirector de la institución; José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
También, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
La acusación fue presentada por Mirna Ortiz, procuradora general de Corte de Apelación y titular de la Pepca, junto a Héctor García Acevedo, procurador general de Corte de Apelación, y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Feliz y Enmanuel Ramírez.
El Ministerio Público explicó que la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Se determinó que, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
Fuente: Hoy
