El Consejo del Poder Judicial acogió de manera total la acusación disciplinaria formulada por la Inspectoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al comprobar la existencia de faltas muy graves en la ejecución de un desalojo en la comunidad de Punta Rucia, provincia Puerto Plata y en consecuencia ordenó la destitución del ministerial Andrés Enrique Ureña Ureña, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del municipio de Villa Isabela.
El alguacil había sido acusado de violación a la ley 396-19 que regula el ejercicio de la Fuerza Pública para llevar a cabo medidas ejecutorias, en contra del señor Ramón Andrés Reynoso Pichardo a quien mediante acciones fraudulentas lo despojaron de su vivienda luego de haberle realizado en su casa un deslinde fraudulento sin que este se enterara por parte del agrimensor Segundo Antonio Brito Marte.
Un comunicado de prensa indica que este último también fue suspendido de sus funciones mediante cuatro juicios disciplinarios llevados a cabo por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores Codia, mientras el departamento de asuntos internos de la Policía Nacional oculto la investigación para proteger.
Añade que la ejecución de dicho desalojo se realizó a requerimiento de la sociedad Franasyl, s.r.l y del señor Abraham Selman Hasbún, sin cumplir con el debido proceso establecido, desalojo en el cual dos personas hasta ahora desconocidas simularon uno ser el juez de paz y otro el fiscal y procedieron a romper los candados que dan acceso a la propiedad del señor Ramón Andrés Reynoso Pichardo, acompañados de miembros de la Policía Turística (Cestur), mientras la vivienda se encontraba cerrada y posteriormente la misma le fue entregada al ex director de la Policía Turística, como compensación por brindarles apoyo militar corrupto al proceso.
Según reveló el abogado Amadeo Peralta, actualmente se llevan a cabo otras investigaciones y procesos judiciales contra otros alguaciles de Puerto Plata por su participación activa como miembros de ese entramado conocido como “la mafia de Punta Rucia” y advirtió que todo alguacil, agrimensor, notario y abogado que pertenezca a ese entramado será sometido a la justicia para que responda por sus actos delictivos.
Añadió que tanto el Ministerio Público como las Inspectorías del Poder Judicial realizan diferentes investigaciones para desmantelar una supuesta red de falsificaciones de documentos con los cuales obtuvieron cartas constancias y posteriormente iniciaron procesos fraudulentos de deslindes de casa y propiedades sin que nadie lo supiera en la comunidad de Punta Rucia y posteriormente desalojaban a sus propietarios.
