El FBI compra datos de ubicación sin una orden judicial, según ha confirmado el director de la agencia, Christopher Wray, en una audiencia del Comité Judicial del Senado de EE. UU. El hecho de que el FBI adquiera datos de localización de compañías de telefonía móvil y aplicaciones de terceros, como parte de las investigaciones, ha sido objeto de debate durante años. Aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en 2018 que la policía necesita una orden judicial para acceder a los datos de ubicación de los teléfonos móviles de una persona, una cláusula de la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas permite a las agencias gubernamentales obtener ciertos datos sin una orden si consideran que son relevantes y necesarios para una investigación en curso.
El uso de esta cláusula por parte del FBI para obtener datos de ubicación ha llevado a algunos a cuestionar la constitucionalidad de la práctica. Wray defendió la adquisición de datos, diciendo que es «totalmente consistente» con la ley y que los agentes del FBI deben cumplir con estrictas directrices internas para asegurarse de que la práctica no se abuse. Wray dijo que los datos se usan «en casos muy específicos y en circunstancias muy limitadas», y agregó que el FBI no está accediendo a los datos de ubicación en tiempo real.
Los defensores de la privacidad han expresado su preocupación por la falta de supervisión judicial y la posibilidad de que se produzcan abusos. «El FBI ha abusado del acceso sin autorización a los datos de ubicación en el pasado, y no hay garantías de que no lo hagan de nuevo en el futuro», dijo Albert Fox Cahn, director ejecutivo de la Surveillance Technology Oversight Project, en un comunicado.
El uso de datos de ubicación para investigaciones criminales ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos años, con empresas que venden datos de ubicación a agencias gubernamentales y la creciente utilización de aplicaciones que recopilan y venden datos de ubicación a terceros. En 2020, el Senado de EE. UU. presentó un proyecto de ley para limitar la capacidad de las empresas para recopilar y vender datos de ubicación sin el consentimiento explícito de los usuarios.
