Haití enfrenta una grave crisis, marcada por un estancamiento político y una espiral de violencia. Un mes después del inicio de una escalada caótica, el consejo destinado a liderar la transición sigue sin formarse, agravando la ausencia de elecciones durante casi ocho años.
Las bandas armadas, que exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry, han exacerbado la violencia, atacando dos principales cárceles el 2 de marzo, lo que resultó en la fuga de aproximadamente 3,600 reos. Este aumento de violencia ha forzado el cierre de infraestructuras críticas y la imposición de un toque de queda en el departamento del Oeste, intensificando la emergencia nacional.
Durante este período turbulento, Henry estaba fuera del país, buscando apoyo internacional en Kenia. A su regreso, atrapado inicialmente en Puerto Rico, accedió a dimitir para facilitar la transición, aunque Haití sigue sin avances significativos hacia la formación de un gobierno provisional.
La prometida estabilidad y la restauración de la legitimidad democrática parecen lejanas mientras la violencia y los secuestros continúan, aunque a una escala menor. La comunidad internacional observa con alarma mientras Haití navega por este cataclismo, con más de 1,500 muertes atribuidas a conflictos armados este año, según la ONU.
La economía haitiana tambalea, con una contracción del PIB y una creciente necesidad de ayuda humanitaria. La situación sanitaria se agrava por la escasez generalizada, evidenciando la profunda crisis que enfrenta esta nación caribeña.
