Representantes del sector comunicaciones del país han reaccionado a la disposición que mediante el decreto 1-24 regula la publicidad gubernamental, el cual fue emitido este martes por el presidente Luis Abinader.
Es la primera vez en la historia de la democracia dominicana que se regula la publicidad oficial y tiene por objeto establecer los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión de las pautas oficiales con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas o influenciadores con plataformas de difusión propias.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, considera que el gobierno está en la libertad de ajustar sus gastos dentro de lo que son las normas.
“El gobierno, por el mismo ambiente electoral, querrá cuidar la forma de que no se use mucha publicidad fuera de las responsabilidades institucionales del país y, por tanto, no tendríamos ninguna objeción de que eso ocurra”, argumentó
De su lado, Ricardo Ginebra, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC) destacó que el actual gobierno ha demostrado un interés en la transparencia y eficiencia en sus inversiones publicitarias desde el inicio de su gestión.
“ADECC valora la iniciativa de licitar las compras de medios publicitarios, y queremos reconocer la profesionalidad con la que se han llevado a cabo estos procesos. Nuestra industria ha participado de manera activa en estas licitaciones, lo que subraya nuestro compromiso con un proceso justo y equitativo”.
Entiende que es normal que el gobierno busque una mayor concentración de sus negociaciones de publicidad oficial con el objetivo de lograr eficiencias y ahorros en favor de sus iniciativas, instituciones y, en última instancia, la ciudadanía en general.
“Creemos que este enfoque permitirá un mayor alcance y eficiencia en las campañas publicitarias del gobierno, al tiempo que proporcionará más transparencia en las aprobaciones y negociaciones. Estamos comprometidos a adaptarnos a estos cambios y a seguir colaborando de manera proactiva con el gobierno para garantizar que se logren los objetivos de transparencia y eficiencia en la publicidad estatal”, puntualizó.
Por su parte, Pavel De Camps, consultor en comunicación y analista de redes, enumeró los beneficios y retos de esta norma:
Beneficios
Entre los beneficios ve la promoción de la transparencia. Indica que el decreto busca asegurar que la publicidad estatal no se utilice con fines electorales, lo cual puede aumentar la transparencia y la integridad en el proceso político.
También, la prevención del uso inadecuado de recursos públicos, al limitar el uso de la publicidad estatal para fines partidistas.
De igual forma mira como favorable el fomento de la equidad en el espacio público, al prohibir la utilización de publicidad oficial para favorecer a partidos o candidatos políticos.
- “El decreto puede ayudar a nivelar el campo de juego durante las elecciones, permitiendo una competencia más justa”, expresó De Camps a Diario Libre.
Retos
Entre los retos, De Camps indicó: “La eficacia del decreto dependerá en gran medida de su implementación y monitoreo, lo que podría representar un desafío significativo, especialmente en términos de asegurar su cumplimiento”. Esto debe ser de libre acceso a la información, en línea, tanto para la prensa como para la ciudadanía, puntualizó.
Ve que pueden darse restricciones a la comunicación gubernamental, lo que podría limitar la capacidad del gobierno para informar al público sobre sus iniciativas y programas.
Otro reto es el impacto en los medios de comunicación, especialmente en aquellos que dependen en gran medida de la publicidad gubernamental.
De Camps cree que la ambigüedad en los criterios de aplicación puede representar una traba si el decreto no establece criterios claros y precisos para definir qué constituye publicidad con propósitos electorales. Entiende que podría haber un margen significativo para interpretaciones ambiguas, lo que afectaría la transparencia total de su aplicación.
El presidente de ADECC apunta como posibles problemas el riesgo de censura o control de la información, la falta de mecanismos de supervisión independientes, los posibles conflictos de interés, la influencia política en las decisiones de publicidad y las repercusiones en la diversidad de opiniones en los medios.
